Una medida contundente para romper la economía del cibercrimen — todo lo que debes saber

El gobierno del Reino Unido ha dado un paso firme contra el ransomware. En julio de 2025, se ha propuesto una legislación que prohibiría a las entidades públicas realizar pagos a ciberdelincuentes, incluyendo ayuntamientos, escuelas, hospitales (como el NHS) y proveedores de infraestructuras críticas como las energéticas.

Con esta medida, se busca cortar la principal fuente de financiación de los atacantes y cambiar el enfoque tanto del sector público como privado frente a este tipo de amenazas.

🛑 ¿Qué incluye esta propuesta de ley contra los pagos de ransomware?

  • Las organizaciones públicas no podrán pagar rescates bajo ninguna circunstancia.
  • Las empresas privadas estarán obligadas a notificar cualquier intención de pago a las autoridades y obtener autorización previa.
  • Se introducen sanciones económicas y responsabilidades legales para quienes incumplan la norma.
  • Los reportes ayudarán a rastrear a los atacantes y reforzar la aplicación de sanciones internacionales.

Esta decisión responde, entre otros motivos, a ataques recientes de alto perfil, como el secuestro del sistema de la Biblioteca Británica en 2023 y el conocido caso de WannaCry en 2017 que paralizó el NHS.

Reacciones del sector y perspectivas de ciberseguridad

Las opiniones entre expertos en ciberseguridad están divididas:

  • Dan Jarvis, Ministro de Seguridad del Reino Unido, afirmó que esta medida “envía un mensaje claro: el ransomware no será rentable”.
  • Algunos expertos alertan sobre el riesgo de pagos clandestinos, donde las víctimas prefieran ocultar el incidente.
  • Las fuerzas de seguridad y los CSIRT nacionales aplauden el aumento esperado en la transparencia y la inteligencia sobre amenazas.
  • Otros cuestionan su aplicabilidad práctica, especialmente en organizaciones sin backup ni planes de recuperación rápida.

Riesgos y vacíos legales

A pesar de su ambición, la propuesta plantea algunos desafíos:

  • No cubre todo el sector privado, dejando áreas vulnerables sin regulación.
  • Podría provocar represalias más duras por parte de atacantes al saber que no recibirán pagos.
  • La ley no aclara cómo afectará a las pólizas de ciberseguro ni si surgirán métodos indirectos para realizar pagos.

El éxito de la norma dependerá de una correcta aplicación, coordinación institucional y preparación técnica previa.

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