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El ecosistema de amenazas sigue golpeando a las administraciones locales. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca) ha sido señalado como víctima de una filtración tras una supuesta brecha de seguridad atribuida al hacker “ballistic”, quien afirma haber accedido a datos internos y registros vinculados a la policía municipal. Aunque la veracidad total aún está en análisis, la alerta ya ha encendido señales de riesgo en el sector público español.
Según varios portales especializados y capturas difundidas en foros de la dark web, el actor “ballistic” afirma haber accedido a los sistemas del Ayuntamiento mediante una vulnerabilidad en un servidor externo conectado a la infraestructura municipal.
Aprovechando dicho punto de acceso, el atacante asegura haber obtenido:
El portal de ciberseguridad Botcrawl califica el incidente como un compromiso de alta gravedad, no solo por la naturaleza de los datos filtrados sino por el acceso a sistemas policiales, lo que eleva significativamente el riesgo potencial.
El Ayuntamiento de Béjar opera mediante una infraestructura híbrida compuesta por sistemas internos y servicios gestionados por terceros, que proporcionan almacenamiento documental, aplicaciones administrativas y plataformas de comunicación.
Los proveedores externos desempeñan un rol clave en su operativa digital, pero también introducen nuevos vectores de ataque cuando:
Según la información filtrada por “ballistic”, la brecha se habría producido precisamente debido a un sistema externo desactualizado o mal configurado que permitió pivotar hacia recursos más sensibles del Ayuntamiento. Este patrón coincide con incidentes recientes en otras entidades locales españolas y europeas.
Los ayuntamientos se han convertido en uno de los objetivos favoritos de los ciberdelincuentes. Suelen trabajar con infraestructuras digitales fragmentadas, apoyadas en múltiples proveedores externos, y cuentan con menos recursos para invertir en ciberseguridad preventiva. A esto se suma la gran cantidad de datos sensibles que gestionan, desde expedientes administrativos hasta información policial, lo que convierte a estas instituciones en un objetivo especialmente rentable.
En este contexto, el caso de Béjar encaja en una tendencia creciente: en lugar de buscar únicamente interrumpir servicios públicos, los atacantes buscan extraer datos con valor para su venta en la dark web, emplearlos en extorsiones o ganar reputación criminal filtrándolos públicamente.
Todo apunta a que la filtración responde a motivaciones económicas o de notoriedad:
No existen indicios de espionaje geopolítico ni afiliación estatal.
Si se confirma, la filtración podría tener consecuencias importantes:
Para las administraciones públicas —y especialmente los ayuntamientos— reforzar la seguridad digital pasa por adoptar una estrategia integral que vaya más allá de proteger los sistemas internos. Es fundamental establecer mecanismos de control continuo sobre proveedores externos, evaluando su seguridad con regularidad para detectar brechas antes de que ocurran. También es clave aplicar un enfoque Zero Trust, limitando accesos amplios o permanentes a sistemas críticos y asegurando que cada interacción esté verificada.
A esto se suma la necesidad de realizar pruebas de penetración periódicas que pongan a prueba aplicaciones, servidores y plataformas expuestas, así como definir protocolos claros para gestionar datos especialmente sensibles, como documentos policiales o expedientes ciudadanos. Finalmente, la formación continua del personal técnico y administrativo sigue siendo uno de los pilares más importantes: el factor humano es, con frecuencia, la primera barrera —o el primer punto de entrada— para los atacantes.
Los ataques a administraciones locales seguirán creciendo mientras los ciberdelincuentes vean en ellas un objetivo rentable.
Proteger tus sistemas hoy es evitar filtraciones mañana.
Si quieres evaluar la seguridad de tu ayuntamiento, organismo o entidad pública, estamos aquí para ayudarte.
